La economía española, incapaz de solucionar la crisis migratoria

La crisis de inmigración en las Islas Canarias se agrava según pasan las horas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncian la descoordinación ministerial ante la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Señalan al Ministerio del interior como el responsable y, por lo tanto, culpable del caos y descontrol.

La voluntad de ayudar y ser solidario debe quedarse en un mero deseo si no hay preparación suficiente. La constante recogida y aceptación por sistema de cientos de inmigrantes va en detrimento de la economía del país, y en especial, de las islas. El muelle de Arguineguín se encuentra en el punto de mira. En los últimos días, 352 personas han pasado días hacinados en 400 metros cuadrados en condiciones infrahumanas. Algunos de ellos han llegado a pasar semanas en condiciones precarias.

A la poca preparación y falta de recursos para atender a estas personas, se suma la importancia de tomar medidas exhaustivas contra el covid-19. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, denuncia la vulneración de los Derechos Humanos. Tras visitar las carpas junto al juez que tutelaba el Centro de Internamiento de Extranjeros; Arcadio Díaz Tejera, y el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, indica que el campamento no reúne las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias.

España ha sido uno de los países más castigados por el coronavirus a nivel mundial. En octubre, el ya mencionado juez Arcadio Días Tejero prohibió nuevos internamientos en el CIE, estableciendo el aforo máximo en 42 personas para evitar la propagación del Covid-19.

La crisis migratoria está haciendo que estas medidas no se puedan cumplir, y, por consiguiente, pone en peligro la salud de las Islas Canarias, la comunidad autónoma que mejor ha sabido luchar contra el virus.

Fuentes oficiales de la Comisión Europea afirman que ‘no existe una legislación de la Unión Europea que impida las transferencias de solicitantes de asilo y otros migrantes dentro de un país, si es necesario’. Aunque esto aliviaría y daría algo de oxígeno a las islas, no es una solución viable para España: con una grave crisis económica a la vuelta de la esquina, miles de pequeños comercios en la ruina y la creciente demanda de comida a comedores sociales, la avalancha de miles de personas sin recursos no ayuda. La Unión Europea añade que ‘la migración en Europa no es solo asunto de un estado miembro, sino de toda la UE’.

El desgobierno reina en esta crisis humanitaria, económica y social, de la que nadie se responsabiliza ni se hace cargo. Los migrantes tienen todo el derecho a comenzar de cero, pero un país no puede responsabilizarse enteramente de ello.